Lo que más nos preguntan los inversores

Representamos al inversor, no al vendedor. Operamos sobre una red de inmobiliarias rurales de confianza en Argentina, Uruguay y Paraguay: ellas originan las oportunidades, nosotros aportamos la curaduría, el análisis financiero y el acompañamiento de toda la operación hasta el cierre.

Trabajamos con tickets de entre USD 500.000 y USD 5 millones. Fuera de ese rango, el nivel de análisis y acompañamiento que ofrecemos deja de ser eficiente para ambas partes.

Nuestro cliente es el inversor, no la inmobiliaria ni el vendedor. Cobramos comisión por transacción, honorarios de due diligence y consultoría territorial — nunca comisión de la punta vendedora, que es lo que generaría el conflicto de interés que buscamos evitar.

Sí, dentro de los límites vigentes de la Ley de Tierras Rurales: hasta 15% de la tierra rural del país en manos extranjeras, con un tope de 1.000 ha (o el equivalente en zona núcleo) por persona extranjera.

Principalmente tres: riesgo jurídico (títulos con problemas, mensuras no actualizadas, sucesiones abiertas), riesgo cambiario si se invierte a través de una sociedad (el cepo corporativo sigue vigente) y riesgo regulatorio (la Ley de Tierras está hoy bajo revisión judicial y legislativa). Nuestro proceso de due diligence apunta específicamente a filtrar el primero antes de avanzar.

Verificamos título perfecto y libre de deudas, mensura aprobada, situación fiscal y restricciones provinciales (como el ordenamiento de bosques nativos). Un problema de título no descuenta el precio de un campo: lo elimina de la cartera que presentamos.

Sí. Trabajamos con una red de inmobiliarias de confianza en los tres países, lo que permite comparar oportunidades entre mercados y no depender de un solo país o región.

De cada 10 campos que entran por la red, solemos avanzar con el análisis de una parte y presentar al inversor solo los que superan todos los filtros — la proporción exacta varía según el momento del mercado.